Ejecutivos petroleros británicos enfrentan la amenaza de cargos penales y largas condenas de cárcel luego de que Argentina apuntara a empresas que perforan en busca de petróleo alrededor de las Islas Malvinas. El gobierno del presidente Javier Milei ha iniciado procedimientos contra altos directivos de Rockhopper Exploration, con sede en Gran Bretaña, y la firma israelí Navitas.
Las compañías están desarrollando el yacimiento Sea Lion, que se cree contiene 1.7 mil millones de barriles de petróleo, en una acción que ha avivado aún más la prolongada disputa de soberanía entre Gran Bretaña y Argentina. Buenos Aires reclama las aguas alrededor de las Malvinas como propias y anteriormente ha intentado utilizar sus leyes nacionales para impedir la exploración petrolera en la zona.
Funcionarios también instaron a las empresas a continuar con su trabajo, a pesar de la amenaza de enjuiciamiento. Esto ocurre después de que Reino Unido rechazara al político israelí Ben-Gvir por decir que las Islas Malvinas son territorio argentino.
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El caso gira en torno a la Ley 26.659 de Argentina, conocida como la "Ley Pino Solanas", que permite imponer sanciones penales por la exploración de petróleo y gas en la plataforma continental argentina.
El fiscal Carlos Stornelli está investigando presuntas violaciones a la legislación, así como posibles daños ambientales y lavado de dinero, entre otros posibles delitos.
Algunos de los delitos imputados podrían resultar en penas de prisión de hasta 20 años, según fuentes judiciales citadas por el diario argentino Clarín.
Vista aérea de Stanley, capital de las Islas Falkland (Islas Malvinas) -Credit:Getty
Se entiende que la investigación se centra en los ejecutivos y accionistas de las empresas, y no en los trabajadores involucrados directamente en la perforación.
Reino Unido ha rechazado la acción argentina y ha dejado claro que su gobierno considera legal la perforación.
Una fuente judicial en Buenos Aires dijo a The Telegraph que los investigadores identificarán a continuación a los ejecutivos y accionistas de Desire Petroleum, la empresa británica propiedad de Rockhopper y mencionada en el fallo del Dr. Stornelli.
"Ellos [los ejecutivos y accionistas] son quienes tienen la exposición legal, no los trabajadores petroleros individuales", dijo la fuente.
La oficina del Dr. Stornelli no respondió a las solicitudes de comentarios.
Su fallo establece que existe un caso "prima facie" de que Desire Petroleum violó disposiciones de la Ley Pino Solanas de 2011.
El gobierno británico ya había emitido una advertencia de que las autoridades argentinas podrían contactar a empresas e individuos por actividades vinculadas a las Malvinas.
Afirmó que respalda "toda actividad económica legítima en las Islas Falkland" y celebra la continua inversión del sector privado.
El gobierno agregó: "La posición del Gobierno del Reino Unido es que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Islas Falkland ni a aplicar su ley interna dentro de las Islas, ni hacia ninguna empresa o individuo que participe en negocios en o relacionados con las Islas".
El último enfrentamiento se produce tras una intervención del presidente Milei a principios de este mes, en la que amenazó con sanciones a las empresas que perforen alrededor del territorio británico de ultramar.
También prometió que Argentina finalmente recuperaría el control de las islas.
Hablando en una conferencia de prensa, el presidente Milei afirmó: "Argentina es un país con recursos naturales, en una posición de relevancia geográfica estratégica que no se ve afectada por la inmigración descontrolada, la violencia que esto trae y los problemas de seguridad nacional que hoy acechan a Europa.
"Si evaluamos las condiciones estructurales del Reino Unido, sin embargo, enfrentan múltiples crisis de carácter migratorio, demográfico y económico que serán difíciles de resolver".
"Está claro que están en decadencia. Sin embargo, Argentina está floreciendo y prevalecerá".
Navitas señaló que estaba operando "de acuerdo con las leyes de las Islas Falkland, con la aprobación del gobierno de las Islas Falkland y con el pleno apoyo del Gobierno del Reino Unido".
Rockhopper declinó hacer comentarios.