Un apagón como el de 1992 le costaría a Colombia $30,7 billones y 210.000 empleos

2026-09-18 19:54:29 - MUNDO

Colombia llevamás de tres décadas sin enfrentar un racionamiento eléctrico. La última vez ocurrió entre 1992 y 1993, cuando los cortes programados se prolongaron durante 343 días y dejaron una huella profunda en la economía del país. Ahora, ante las alertas sobre el sistema eléctrico, ese escenario vuelve a estar sobre la mesa.

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Durante el 18° Congreso Anual de Energía de Acolgen, Luis Fernando Mejía, fundador y CEO de Lumen Economic Intelligence, presentó un ejercicio para dimensionar el impacto económico que tendría para Colombia repetir una crisis eléctrica de características similares a la de comienzos de los años noventa. Según la estimación, un racionamiento con una profundidad y duración comparables a las de esa época le costaría al país $30,7 billones, equivalente al 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB).

https://x.com/LuisFerMejia/status/2100964834946769343?ref_src=twsrc%5Etfw

Para llegar a esa cifra, Lumen tomó como referencia la metodología de costos de racionamiento que utiliza la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) y la aplicó a un escenario con la misma profundidad y duración del racionamiento de 1992: 343 días de cortes, en los que el sistema dejó de atender cerca de 2.400 gigavatios-hora, el 6,8% de la demanda de aquel entonces.

El número completo se descompone en dos partes. Si solo se contabiliza la producción que las empresas dejarían de generar por falta de electricidad, el impacto sería de 1,3% del PIB, unos $25 billones. La diferencia hasta llegar a los $30,7 billones corresponde a algo menos visible en las estadísticas económicas tradicionales, pero igual de real: la pérdida de bienestar de los hogares, es decir, el deterioro en la calidad de vida que implica vivir sin electricidad de forma prolongada.

Lumen también construyó tres simulaciones distintas, cada una con una proporción diferente de demanda no atendida y una duración distinta, para dimensionar qué tan grave podría ser un eventual racionamiento según su severidad.

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En el más adverso —el que replica las condiciones de 1992— el impacto sobre el empleo sería severo: hasta 210.000 puestos de trabajo perdidos y hasta 480.000 personas adicionales podrían caer en pobreza monetaria, como consecuencia directa de que las empresas no podrían sostener su producción ni sus nóminas durante una interrupción tan prolongada.

"Asegurar el suministro de energía debe ser una prioridad de la política económica. Las decisiones que se tomen hoy pueden reducir el riesgo de los cortes y proteger los ingresos de los hogares", afirmó Mejía durante su intervención en el Congreso.

Estas cuentas llegan en un momento en el que varias señales climáticas y energéticas coinciden y encienden las alarmas del sector. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) calcula en casi 100% la probabilidad de que El Niño se mantenga activo hasta febrero de 2027, con posibilidad de intensificarse en el camino. A esto se suma que el IRI-NOAA, uno de los centros de referencia mundial para pronósticos climáticos, le asigna un 98% de probabilidad a que el fenómeno llegue a categoría "muy fuerte" en los próximos meses.

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Para entender por qué esto es tan relevante para Colombia, hay que recordar cómo funciona el sistema eléctrico del país: la mayor parte de la electricidad se genera con agua, a través de plantas hidroeléctricas que dependen de que llueva lo suficiente para mantener llenos los embalses. Cuando llega una temporada seca prolongada como la que trae El Niño, esa fuente principal empieza a flaquear, y el sistema tiene que recurrir con mayor intensidad a las plantas térmicas, que generan electricidad quemando gas, carbón o combustibles líquidos.

El problema es que esa energía térmica es considerablemente más costosa de producir que la hidráulica, y ese sobrecosto no se queda en las cuentas de los generadores: eventualmente se traslada a las empresas, a los hogares y, en últimas, al conjunto de la economía.

Los datos más recientes de XM, operador del sistema eléctrico colombiano, muestran una tendencia que genera presión sobre las reservas hídricas. Al 15 de septiembre, los embalses del Sistema Interconectado Nacional estaban en 79% de su capacidad útil, frente a 79,36% al cierre de agosto.

El dato cobra relevancia porque los aportes hídricos, es decir, el agua que llega a los embalses, acumulan cuatro meses consecutivos por debajo del promedio histórico. En agosto representaron apenas 74,46% de la media, y desde mayo se han mantenido entre 75% y 79% de lo habitual.

El fenómeno no golpea por igual a todo el país. Antioquia, con apenas 50,40% de aportes frente a su media histórica, y Caldas, con 54,6%, son las regiones más afectadas por la sequía. Solo la región Oriente logró mantenerse por encima de sus niveles normales, lo que ofrece cierto alivio parcial, pero no compensa el déficit generalizado en el resto del sistema.

A la menor disponibilidad de agua se suma un segundo problema, de naturaleza distinta pero igual de preocupante: los proyectos de generación que deberían estar reforzando el sistema no están entrando en operación al ritmo que se necesita.

A mitad de año, solo había entrado en funcionamiento el 14,9% de la nueva capacidad que se esperaba para 2026. Con corte al 10 de septiembre, ese avance había mejorado apenas un poco: 1.027 de los 4.475 megavatios programados para el año, es decir, apenas el 23% de lo previsto.

El rezago no se limita a la generación. La infraestructura necesaria para transportar esa electricidad hasta los consumidores tampoco avanza como debería: el 60% de los 42 proyectos de transmisión en curso presenta atrasos.

El resultado es una doble presión sobre el sistema, porque ni la nueva energía que debería estar disponible ha entrado, ni existen todavía las líneas suficientes para llevarla desde donde se genera hasta donde se consume.

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Todo esto ocurre, además, en un momento en el que el sistema eléctrico colombiano tiene menos colchón que en crisis anteriores. El crecimiento sostenido de la demanda de energía ha ido reduciendo el margen de reacción frente a temporadas secas: medida en días de demanda máxima, la capacidad de almacenamiento de los embalses pasó de 87 a 67 días desde el episodio de El Niño de 2015-2016. Es decir, el sistema tiene hoy casi tres semanas menos de reserva que hace una década frente a un fenómeno climático comparable.

Las proyecciones hacia adelante tampoco son alentadoras. Para el periodo 2026-2027, la energía firme del sistema —aquella que está garantizada y disponible para atender la demanda incluso en condiciones adversas— estaría 7,8% por debajo de lo que efectivamente se necesitará, una brecha equivalente a unos 28 días de consumo.

Según cifras de XM presentadas por Acolgen durante el Congreso, ese déficit sería de 5,4% en 2026, subiría a 7,8% en 2027 y se mantendría en 7,6% en 2028. La lectura detrás de esos números es clara: la presión sobre el sistema eléctrico no necesariamente desaparecerá cuando termine el actual episodio de El Niño, sino que podría prolongarse varios años más si no se corrigen los rezagos actuales.

En ese contexto, Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, puso el problema en perspectiva histórica. Recordó que Colombia lleva más de tres décadas sin enfrentar apagones por falta de energía, un periodo en el que el país ha hecho inversiones importantes para fortalecer su sistema eléctrico.

Pero advirtió que las condiciones actuales son distintas: el crecimiento acelerado de la demanda, los retrasos en los proyectos de generación y transmisión y la menor disponibilidad de energía firme configuran un escenario de presiones que no existía de la misma manera en años anteriores.

Frente a este panorama, tanto Lumen como Acolgen coinciden en que el margen de acción todavía existe, pero se reduce con cada mes que pasa sin decisiones concretas.

En el corto plazo, las propuestas se concentran en garantizar que las plantas térmicas puedan operar sin sobresaltos durante la temporada seca: esto implica asegurar el suministro oportuno de gas, carbón y combustibles líquidos, realizar a tiempo los mantenimientos programados de las centrales y garantizar que esas plantas cuenten con la liquidez necesaria para sostener su operación.

Los mecanismos de remuneración y pago del sistema, señalan ambas entidades, también deben estar diseñados para respaldar esa disponibilidad justo cuando más se necesita.

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Del lado de la demanda, Lumen propone actuar de forma preventiva en lugar de esperar a que la situación se vuelva crítica: establecer incentivos para el ahorro de energía y desarrollar campañas concentradas específicamente en las horas de mayor consumo, cuando el sistema está bajo más presión. Reducir el consumo en esos momentos puntuales, argumenta la firma, puede aliviar la carga sobre las plantas de generación y ayudar a preservar el agua que todavía queda almacenada en los embalses.

A mediano y largo plazo, sin embargo, ninguna de estas medidas de contingencia sustituye lo que ambas entidades consideran el verdadero problema de fondo: la necesidad de recuperar el ritmo de expansión del sistema. Esto pasa por establecer reglas estables que den previsibilidad a los inversionistas, agilizar los trámites de licencias y consultas, acelerar las obras de transmisión pendientes, y destrabar los proyectos que ya están en construcción o en fase de pruebas para que puedan entrar en operación cuanto antes.

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El mensaje de fondo que dejó Acolgen es que el riesgo de un nuevo racionamiento no depende únicamente de cuánto tiempo más se prolongue El Niño, sino, sobre todo, de qué tan rápido logre el país destrabar la expansión de su sistema eléctrico, una tarea que —según coinciden generadores y analistas— ya debería estar mucho más avanzada de lo que está hoy.

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