En el artículo que publiqué hace unas semanas, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, planteé que después de más de dos décadas de sensibilización internacional el desafío consiste en pasar del discurso a la política pública. Hablar del suicidio es necesario, romper el silencio y disminuir el estigma también, pero la prevención requiere algo más: instituciones, recursos, coordinación, investigación y capacidad para sostener las acciones en el tiempo.3
México parece encontrarse precisamente en ese momento de transición.
Hace algunos años realicé una investigación sobre las políticas públicas de prevención del suicidio en nuestro país. A partir de una revisión sistemática estudié planes nacionales y sectoriales de salud, programas gubernamentales, iniciativas legislativas, presupuestos, documentos institucionales y experiencias desarrolladas en diferentes entidades federativas. El propósito era conocer qué había hecho el Estado mexicano frente a un fenómeno que mostraba desde hacía décadas una tendencia creciente.
El balance mostraba entonces un escenario fragmentado. Durante buena parte del periodo analizado, el suicidio ocupaba un lugar marginal dentro de los principales instrumentos nacionales de planeación. Al revisar las líneas de actuación de las diferentes administraciones entre 2000 y 2018 encontré avances en materia de salud mental, pero pocas acciones específicamente dirigidas a la prevención del suicidio.
Esto no significa que durante esos años no se hiciera nada. Surgieron estructuras institucionales, programas de salud mental, el Modelo Miguel Hidalgo, los Centros Integrales de Salud Mental y posteriormente una Guía Práctica para la Atención de Pacientes con Conducta Suicida en Hospitales Generales. En el periodo 2012-2018 apareció además, dentro de la planeación sectorial, una línea relacionada con la detección del riesgo de suicidio entre adolescentes.
Cuando extendí la revisión hacia los estados identifiqué programas, prácticas y acciones de prevención en 11 entidades federativas, desarrollados entre 2004 y 2020. En muchas de estas experiencias participaron gobiernos estatales, universidades, organizaciones de la sociedad civil y profesionales que contribuyeron a mantener el problema dentro de la discusión pública, incluso antes de que existiera una respuesta nacional suficientemente articulada.
Aquella investigación permitió observar también las dificultades que enfrentaban estas experiencias. Una de ellas era la continuidad. Algunas intervenciones estaban vinculadas con la administración en turno y podían modificarse o desaparecer con los cambios políticos. Otra era la escasa información disponible sobre sus resultados. Había esfuerzos importantes, pero no siempre evaluaciones que permitieran comprender su alcance, efectividad y posibilidades de permanencia.
El recorrido legislativo resultaba igualmente revelador. La revisión documentó 19 iniciativas relacionadas con la prevención del suicidio, presentadas en las legislaturas LIX, LXI, LXII, LXIII y LXIV. Hubo propuestas que recibieron opiniones negativas, otras fueron retiradas, descartadas o quedaron pendientes. Más allá de la trayectoria particular de cada una, este proceso muestra los años que tomó conseguir que el suicidio comenzara a construirse también como un asunto de responsabilidad pública.
En 2018, por ejemplo, se promovió una iniciativa para expedir una Ley General de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio. La propuesta pretendía establecer responsabilidades concurrentes entre Federación, entidades federativas y municipios, además de contemplar mecanismos de capacitación y generación de información estadística. Aquella iniciativa fue retirada en febrero de 2019.
Posteriormente se produjeron cambios relevantes en el marco normativo. En mayo de 2022 se reformaron diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones.
Visto a la distancia, este recorrido permite comprender cómo se construye una política pública. Antes de intervenir es necesario reconocer y definir un problema, incorporarlo a la agenda y construir determinados acuerdos sobre las responsabilidades del Estado. Después vienen los instrumentos, las instituciones, los recursos, la implementación y el análisis de los resultados.
En mi investigación apareció otro elemento que desde entonces considero fundamental: el presupuesto.
Para los años estudiados, los datos disponibles mostraban que alrededor de 2.2% del presupuesto de la Secretaría de Salud se destinaba a salud mental y aproximadamente 80% de esos recursos se concentraba en hospitales psiquiátricos. Esto dejaba un margen reducido para las acciones de promoción, prevención y atención comunitaria.
La distribución de los recursos no constituye únicamente una decisión financiera. También refleja una forma de comprender los problemas de salud. Cuando el presupuesto se concentra fundamentalmente en la atención especializada y hospitalaria, existe menor capacidad para intervenir antes de que una persona llegue a una situación de crisis, fortalecer redes comunitarias, generar investigación, acompañar a las familias o intervenir frente a determinados factores sociales relacionados con el sufrimiento.
Por ello, conforme la política de prevención se desarrolla, resultará cada vez más importante conocer los recursos destinados específicamente a ella, su distribución territorial, las intervenciones que financian y la manera en que esa inversión se traduce en capacidad institucional.
El escenario mexicano, sin embargo, ya no es el que encontré cuando inicié aquella investigación.
México cuenta actualmente con el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio (PRONAPS). Existen además instrumentos como Código 100, concebido como un sistema de apoyo a la toma de decisiones clínicas frente al comportamiento suicida en hospitales generales y dentro de las redes integradas de servicios de salud. El programa incorpora también acciones relacionadas con gestión de casos, capacitación, brigadas comunitarias y vinculación con asociaciones civiles.
En julio de 2025 ocurrió otro avance. La CONASAMA y la OPS/OMS México presentaron el inicio de las actividades de la Iniciativa Regional para la Prevención del Suicidio. Entre sus áreas estratégicas se encuentran la actualización y fortalecimiento del PRONAPS, la mejora del acceso y de la calidad de la atención en salud mental y las acciones destinadas a aumentar la conciencia pública y reducir el estigma. México fue seleccionado junto con Brasil y Guyana para participar en esta iniciativa, cuya cooperación está prevista durante tres años.
Estos cambios son importantes y deben reconocerse. Algunas de las condiciones que durante años se identificaron desde la investigación, las organizaciones civiles y distintos grupos profesionales comienzan a formar parte del escenario institucional mexicano.
Los datos muestran, al mismo tiempo, por qué es necesario seguir fortaleciendo la prevención. De acuerdo con el INEGI, durante2024 ocurrieron y fueron registrados 8,856 suicidios de personas de 10 años y más, equivalentes a una tasa de 6.8 por cada 100,000 habitantes. En 2014 la tasa había sido de 5.1 y en 2019 de 5.6. Para 2024, la tasa entre los hombres fue de 11.2 y entre las mujeres de 2.6 por cada 100,000 habitantes.
La distribución territorial vuelve todavía más complejo el panorama. Chihuahua presentó una tasa estandarizada de 16.4 por cada 100,000 habitantes; Yucatán, 16.2; y Aguascalientes, 14.3. En Guerrero fue de 1.6.
Estas diferencias recuerdan algo que ya aparecía en aquella investigación: México no constituye un territorio social, económico y culturalmente homogéneo.
Las condiciones de vida, la desigualdad, la violencia, el empleo, el acceso a servicios, la movilidad, las redes familiares y comunitarias y las características culturales varían entre regiones. También son distintas las capacidades institucionales de las entidades federativas y municipios.
Por esa razón, contar con una estrategia nacional no significa necesariamente producir respuestas idénticas en todo el territorio. Se necesitan principios, responsabilidades y mecanismos nacionales, pero también capacidad para comprender las particularidades regionales y adaptar las intervenciones a los contextos en los que se desarrollan.
Éste es también un punto importante para la investigación. No basta conocer si una intervención funciona. Necesitamos comprendercómo funciona, en qué contexto, para qué población y bajo qué condiciones institucionales y sociales.
Durante mucho tiempo, además, la prevención del suicidio estuvo fuertemente vinculada con una interpretación biomédica e individual del fenómeno. La psicología y la psiquiatría son indispensables en la prevención, atención y acompañamiento. El problema ocurre cuando una realidad multidimensional termina convertida en territorio casi exclusivo de determinadas disciplinas.
El suicidio no sucede fuera de la sociedad.
En las trayectorias individuales pueden confluir sufrimiento psíquico, violencia, pérdidas, aislamiento, discriminación, condiciones económicas difíciles, relaciones familiares, precariedad laboral, territorio, cultura y obstáculos para acceder a servicios. No se trata de sustituir la explicación psicológica o psiquiátrica por una explicación social. La propuesta es precisamente abandonar las explicaciones únicas.
Reconocer esa multidimensionalidad tiene consecuencias para la manera de construir la política pública. La prevención necesita al sector salud, pero también educación, trabajo, desarrollo social, universidades, comunidades, organizaciones civiles e investigadores de distintas disciplinas. Requiere interdisciplina e intersectorialidad.
En esta dirección se inscribe también un proyecto de investigación y cooperación que actualmente desarrollo con Quebec, a partir del intercambio de conocimientos y experiencias sobre prevención del suicidio. La comparación entre contextos permite observar de otra manera nuestros propios problemas y analizar cómo determinadas experiencias pueden contribuir a generar conocimiento útil para México.
No se trata de importar modelos ni de trasladar mecánicamente intervenciones diseñadas para otras realidades. Precisamente lo contrario. La comparación permite comprender por qué una intervención funciona bajo determinadas condiciones, qué elementos dependen del sistema institucional en el que fue desarrollada y cuáles requieren adaptación frente a otras condiciones sociales, culturales y territoriales.
Esta perspectiva puede resultar particularmente útil para México. La cooperación internacional adquiere mayor sentido cuando deja de ser solamente intercambio de experiencias y se convierte también en producción de conocimiento. Las diferencias entre los sistemas pueden ayudarnos a identificar capacidades, obstáculos, formas de implementación y mecanismos de evaluación que posteriormente deben analizarse desde nuestra propia realidad.
Es en este punto donde considero que la política mexicana de prevención del suicidio entra en una nueva etapa.
Durante años, investigadores, universidades, organizaciones de la sociedad civil y redes de profesionales de distintas entidades del país han contribuido a colocar el tema en la agenda pública, producir conocimiento y promover respuestas institucionales. Hemos participado en espacios de discusión en la Cámara de Diputados y el Senado, en encuentros y talleres de diagnóstico, así como en iniciativas de colaboración con autoridades de salud y organismos internacionales como la OPS/OMS. En este proceso también se han construido formas de articulación, entre ellas el Frente Nacional para la Prevención del Suicidio, que ha reunido a profesionales de diferentes regiones del país para impulsar la prevención y favorecer su incorporación en la agenda pública. Algunas de las condiciones que durante años se plantearon desde estos espacios comienzan hoy a formar parte del escenario institucional mexicano. Reconocer este recorrido permite entender que los avances actuales son también resultado de una construcción colectiva y sostenida en el tiempo.
El desafío consiste ahora en acompañar y fortalecer lo construido.
Aquí la evaluación adquiere especial relevancia. No como un mecanismo para señalar fallas o descalificar programas, sino como una herramienta de aprendizaje institucional.
Evaluar permite conocer cómo se implementa una intervención, qué alcance territorial tiene, qué condiciones facilitan u obstaculizan su funcionamiento, qué diferencias existen entre poblaciones y qué modificaciones pueden fortalecer sus resultados.
Conocer el número de talleres, profesionales capacitados, campañas realizadas, materiales distribuidos o personas atendidas resulta necesario para monitorear un programa. Pero conforme las intervenciones maduran también necesitamos generar evidencia acerca de su cobertura, calidad, continuidad, adaptación territorial y resultados.
El valor de la evaluación consiste precisamente en acompañar la intervención mientras ésta se desarrolla. Permite reconocer las prácticas que funcionan, identificar las que necesitan modificaciones y conseguir que la experiencia acumulada por las instituciones no se pierda con el tiempo.
Esta perspectiva me parece especialmente relevante en un país donde durante años muchas iniciativas de prevención dependieron de personas, organizaciones o administraciones concretas. La generación sistemática de conocimiento puede ayudar a transformar esas experiencias en capacidades institucionales capaces de permanecer.
Cuando realicé aquel primer balance, concluí que México todavía se encontraba, en buena medida, en la definición del problema. Existían intervenciones importantes en distintas entidades del país, esfuerzos académicos y de organizaciones civiles y un creciente interés institucional, pero todavía faltaba una respuesta nacional suficientemente articulada.
Hoy México no está en el mismo punto.
Tenemos un Programa Nacional, instrumentos específicos de intervención, modificaciones importantes en materia de salud mental y nuevas posibilidades de cooperación nacional e internacional. [
Reconocerlo es necesario porque también cambia nuestra responsabilidad como investigadores.
La tarea ya no consiste solamente en documentar ausencias. Este nuevo escenario permite contribuir a generar evidencia sobre la implementación, acompañar procesos de evaluación, estudiar las diferencias territoriales, recuperar el conocimiento producido por quienes trabajan directamente con las comunidades y favorecer el diálogo entre investigación y toma de decisiones.
Durante mucho tiempo fue necesario luchar para que el suicidio dejara de permanecer en silencio y comenzara a reconocerse como un problema público. Ese camino ha avanzado y ha sido resultado del trabajo de muchos actores.
La nueva etapa puede ser la de consolidar lo construido.
Una política pública se fortalece cuando es capaz de aprender de su propia experiencia, preservar aquello que funciona, modificar lo que puede mejorarse y producir conocimiento que permita tomar decisiones cada vez más informadas.
En prevención del suicidio hemos dedicado muchos años a preguntarnos qué debemos hacer.
Quizá ha llegado el momento de avanzar también hacia otra pregunta: qué podemos aprender de aquello que ya estamos haciendo para hacerlo mejor.
*La autora es socióloga, doctora en Ciencias de la Salud Colectiva por la UAM-Xochimilco y maestra en Administración Pública por la École nationale d'administration publique (ENAP) de Québec. Es suicidóloga e investigadora especializada en prevención del suicidio, salud, políticas públicas y evaluación de programas