Estados Unidos y 14 gobiernos de América Latina y el Caribe acordaron promover reglas para identificar proveedores de confianza en materia de infraestructura digital. La declaración conjunta plantea que esos criterios se apliquen sin discriminación.
Para los operadores, la discusión significaría tomar decisiones concretas con respecto a qué equipos comprar, cómo evaluar su seguridad y qué hacer con la infraestructura ya instalada. En el caso de los gobiernos, el desafío estará en definir criterios que protejan las redes sin frenar las inversiones necesarias para ampliar la cobertura.
El texto, denominado "Joint Statement on Defending Hemispheric Sovereignty", no menciona por nombre a Huawei, ZTE ni a ningún otro fabricante. Tampoco ordena retirar equipos o fija un calendario para hacerlo.
La expresión "infraestructura digital" aparece sin un inventario cerrado de tecnologías. Cada país tendrá que decidir si convierte el compromiso político en reglas y cómo delimita su alcance.
El antecedente estadounidense muestra lo que puede ocurrir cuando una decisión de seguridad alcanza equipos ya instalados.
En enero de 2024, El Economista documentó que, de acuerdo con la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC), sólo 10% de los operadores comprendidos en el programa de sustitución de tecnología de Huawei y ZTE había completado el reemplazo. Es una fotografía de aquel momento, no un balance de 2026.
La FCC atribuyó retrasos a recursos insuficientes, problemas de suministro, falta de trabajadores y dificultades operativas.
Para una empresa pequeña, retirar equipos exigirá comprar otros, integrarlos con el resto de la red y mantener el servicio mientras cambia su infraestructura. El costo puede recaer en la compañía, en el presupuesto público o, indirectamente, en el ritmo de ampliación de cobertura.
La escala latinoamericana da peso a esa discusión, pues ya desde el año 2023 este diario describió la presencia de Huawei en las redes 4G de la región y la combinación de tecnología, condiciones comerciales y financiamiento que hizo posible muchos despliegues.
Aquellas cifras corresponden a 2023 y necesitarían una actualización para describir el mercado actual; sirven, en cambio, para entender que una compra futura y un reemplazo de infraestructura instalada son decisiones económicas distintas.
También hay diferencias entre la antena, el transporte de datos, el núcleo de una red, los servidores y los sistemas de gestión.
Y una regla que alcance sólo ciertas funciones tendría consecuencias diferentes a otra que abarque toda la cadena. Por ello, el primer dato que necesita la industria es qué infraestructura evaluará cada gobierno y bajo qué procedimiento.
Estados Unidos considera que determinados proveedores de origen chino representan riesgos de seguridad.
Esa es una posición de ese país; la declaración regional no presenta hallazgos técnicos individualizados sobre fabricantes.
Un esquema aplicable a todos los participantes tendría que publicar criterios verificables, mecanismos de revisión y vías para que las empresas respondan o corrijan fallas.
El posible efecto sobre precios y cobertura tampoco puede darse por hecho. Dependerá de qué países adopten reglas, si las aplican a contratos nuevos o equipos en operación, los plazos que concedan y la capacidad de sus mercados para financiar alternativas. Habrá que preguntar a fabricantes, operadores y autoridades quién asumiría los costos y qué se haría para evitar interrupciones del servicio.
México no aparece entre los gobiernos que acompañaron a Estados Unidos en el documento, por lo que para el mercado mexicano no existiría una obligación de este tipo para retirar equipos o cambiar proveedores.
Sin embargo, con la firma de esa declaración, Latinoamérica ya abrió un debate que puede impactar las licitaciones y contratos futuros y está en cómo demostrar que una red es segura y quién paga cuando esa demostración obliga a modificarla.